Preguntas frecuentes sobre derecho empresarial en São Paulo

Debe revisarse el tipo de sociedad, el contrato social y los administradores designados. En la limitada, el art. 1.060 del Código Civil prevé uno o varios administradores nombrados en el contrato o en un acto separado; hay que comprobar sus facultades, límites de importe y firmas conjuntas. El art. 1.013 contiene una regla de administración separada en el régimen de las sociedades simples, cuya aplicación depende del caso. No significa que cualquier socio pueda firmar sin límites.

El contrato social constituye la sociedad y fija socios, capital, actividad, administración y participaciones. La sociedad empresaria se inscribe en la Junta Comercial; la sociedad simple, por regla general, en el Registro Civil de Personas Jurídicas (art. 1.150 del Código Civil). Organiza la representación ante bancos, proveedores y registros. Es distinto del pacto de socios, que complementa las relaciones entre firmantes. Una redacción adecuada ayuda a prevenir conflictos.

Desde la Ley 14.451/2022, la regla legal para modificar el contrato social de una limitada exige más de la mitad del capital (art. 1.076 del Código Civil), en vez de tres cuartas partes. Deben comprobarse las mayorías contractuales superiores válidas y las reglas especiales, como el nombramiento de administrador no socio (art. 1.061). La modificación de una sociedad empresaria se presenta a la JUCESP; los efectos registrales dependen del plazo de presentación y de los arts. 1.151 y 1.154, no solo de la fecha de inscripción.

Los actos constitutivos requieren, por regla general, visado de abogado (Ley 8.906/1994, art. 1.º, §2.º), salvo la dispensa para ME y EPP de la LC 123/2006, art. 9.º, §2.º. El Manual de Registro de Sociedad Limitada de la IN DREI 81 dispensa el visado en modificaciones contractuales; transformaciones y otros actos requieren examen específico. Aunque no se exija esa formalidad, revisar cláusulas de administración, salida y responsabilidad ayuda a prevenir conflictos.

Es un contrato privado que complementa el contrato social y regula las relaciones entre los socios: voto, transmisión de participaciones, preferencia, derechos de acompañamiento y arrastre, entrada, salida y resolución de bloqueos. Como acuerdo parasocial, vincula a sus firmantes y no necesita incorporarse íntegramente al contrato social. Su eficacia frente a la sociedad o terceros depende de las formalidades y del régimen aplicables.

La disolución parcial termina la relación con un socio y permite continuar la empresa. Puede derivar de fallecimiento (art. 1.028), separación bajo el art. 1.029 o exclusión. En sociedades de duración indefinida, la separación exige aviso de al menos sesenta días; en las de duración determinada, por regla general, justa causa probada judicialmente. Deben tratarse notificación, valoración de la participación, modificación e inscripción, además de la responsabilidad por obligaciones anteriores del art. 1.032.

Primero se examina el criterio previsto en el contrato social. Si no lo establece, se aplica el balance especial de determinación: se valoran los activos, incluidos los intangibles, y los pasivos en la fecha de resolución de la relación societaria, conforme a los arts. 1.031 del Código Civil y 606 del CPC. En este régimen supletorio, el STJ rechaza combinar ese criterio patrimonial con el descuento de flujos de caja basado en beneficios futuros.

Sí. La exclusión judicial por falta grave del art. 1.030 requiere iniciativa de la mayoría de los demás socios. La extrajudicial por justa causa del art. 1.085 exige cláusula expresa, actos de innegable gravedad que amenacen la continuidad de la empresa y la mayoría legal representativa de más de la mitad del capital. En general se exige reunión específica, conocimiento previo y defensa; la ley exceptúa esa reunión en sociedades de solo dos socios, sin dispensar los demás requisitos o cláusulas aplicables. No basta una desavenencia personal.

La acción renovatoria del art. 51 de la Ley 8.245/1991 permite solicitar judicialmente la renovación del arrendamiento comercial. Requiere contrato escrito y de duración determinada, un mínimo de cinco años de contratación ininterrumpida —en uno o varios contratos— y tres años de explotación de la misma actividad. La demanda debe presentarse durante el intervalo comprendido entre un año y seis meses antes del vencimiento, cumpliendo los demás requisitos legales.

Solo una modalidad. El art. 37 de la Ley 8.245/1991 contempla caución, fianza personal, seguro de fianza arrendaticia y cesión fiduciaria de participaciones de un fondo de inversión. Prohíbe acumular más de una garantía en el mismo contrato. Por tanto, no puede exigirse simultáneamente fiador y depósito de garantía. Si la caución es en dinero, no puede superar tres mensualidades de renta (art. 38).

El arrendador demanda el desalojo con el cálculo detallado de la deuda (arts. 9.º, III, y 62 de la Ley 8.245/1991). El arrendatario o fiador pueden evitar la resolución mediante depósito judicial íntegro en quince días desde la citación, incluidos cargos, multas, intereses, costas y honorarios aplicables. No cabe esta facultad si se usó en los veinticuatro meses anteriores a la demanda. Sin garantía arrendaticia, puede pedirse desocupación cautelar en quince días, con caución judicial de tres mensualidades y los requisitos del art. 59, §1.º, IX; el §3.º permite el depósito íntegro dentro del plazo cautelar para evitarla. No significa que el proceso termine en quince días.

Si no hay acuerdo, puede solicitarse después de tres años de vigencia del contrato o del último acuerdo que haya fijado la renta, conforme al art. 19 de la Ley 8.245/1991. La acción revisional busca ajustar el alquiler al valor de mercado, al alza o a la baja. La mera actualización anual por el índice pactado no reinicia por sí sola ese plazo; debe examinarse si un nuevo acuerdo realmente redefinió la renta.

Es una sociedad que concentra y administra bienes de una familia, como inmuebles, participaciones e inversiones. Bien estructurada, puede facilitar la gestión y organizar la transmisión sucesoria, con posibles efectos fiscales que deben calcularse caso por caso. No elimina automáticamente la necesidad de tramitar una herencia ni protege contra todos los acreedores. Es una herramienta de planificación patrimonial y sucesoria, no un medio de fraude.

Preferiblemente antes de constituir la sociedad, redactar el contrato social, pactar las relaciones entre socios, firmar un arrendamiento comercial o reorganizar el patrimonio. También cuando surge un conflicto societario, se retira un socio o aparece un problema de alquiler. Un asesoramiento ajustado a la operación ayuda a estructurar el negocio y a prevenir o resolver litigios.